Informe de Hechos Relevantes del mes de noviembre de 2015
El presente informe mensual parte de una selección de hechos políticos, económicos y sociales que se han considerado importantes durante el mes de noviembre de 2015. Tiene como finalidad facilitar datos e información particular, correspondiente al período en cuestión, mediante un recuento de la realidad nacional e internacional. A continuación, exponemos los siguientes hechos:
Reformas Electorales cobran mayor vigencia en el debate nacional
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, José Alfredo Saavedra informó que el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley en el que se contempla establecer un “monto máximo de medio millón de lempiras como aportación a las personas jurídicas y de 2.5 millones a las personas naturales” para los fines de las campañas políticas. Asimismo, se contempla requerir que dichas contribuciones se realicen por medio de cheques para hacer constar el origen de los fondos.[1]
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) también presentaron iniciativas de reforma. La propuesta del IAIP se centra en los mecanismos para garantizar la transparencia del financiamiento político.[2] Por su parte, LIBRE hizo hincapié en los siguientes temas: Prohibición a la reelección presidencial, establecimiento de la segunda vuelta, prohibición de contratación de publicidad y propaganda política por parte de los partidos, representación proporcional de los partidos en el Tribunal Supremo Electoral, despenalización de la calumnia, injuria, y difamación en la actividad política electoral, y la creación del Tribunal de Justicia Electoral. [3]
Una misión electoral de la Unión Europea (UE) se hizo presente en el país para apoyar este proceso y evaluar los avances en los compromisos de reforma asumidos por dirigentes políticos.[4][5]
Selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
La Junta Nominadora continuó con la selección de los candidatos a magistrado, dando a conocer avances en la evaluación de los aspirantes, así como la recepción de denuncias en contra de magistrados y funcionarios actuales.[6]
Durante este proceso, el IAIP citó a los integrantes la Junta para determinar si se publicaría la versión pública de documentos como, la hoja de vida y las pruebas de confianza.[7]
Por otra parte, los candidatos del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) interpusieron un recurso de amparo en contra de algunas resoluciones de la Junta, argumentando que los siguientes requisitos se establecieron tardíamente: constancia de no pertenecer a un partido político y no haber procurado casos ligados al crimen organizado.[8][9] Este recurso fue admitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y resta que los magistrados se pronuncien al respecto.
En las próximas semanas se determinará la lista de candidatos que será presentada al Congreso Nacional, por lo que la Junta Nominadora tendrá que velar por el buen desarrollo de un proceso que contribuiría a disminuir los altos niveles de desconfianza en el Poder Judicial y sus instituciones.
Secretaría de Desarrollo Económico emite Acuerdo sobre la congelación de precios
La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) emitió el acuerdo 119-2015, estableciendo un control de precios para al menos 60 productos[1] por un mes, medida que a juicio de algunos analistas no logró generar los resultados esperados en el pasado. [2][3][4]
Representantes de asociaciones gremiales y sindicatos cuestionaron la decisión de la SDE. Donaldo Polanco, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (ANAVIH), expreso que “Estas medidas no estimulan el deseo de invertir y [provocan pérdidas al disminuir los precios actuales de los productos]”.[5] El secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Humberto Lara, consideró que el congelamiento de precios es una falsedad, ya que los precios establecidos no se respetan en los mercados.[6]
Por su parte, el Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Paz, hizo eco a estos señalamientos manifestando que: “Cuando no hay especulación y cuando hay suficiente producción, [no es] necesario aplicar [un] congelamiento de precios”.[7]
Al respecto, el Secretario de Estado, Alden Rivera explicó que la medida visa a “favorecer los intereses de las grandes mayorías del país” quienes se ven afectados por la especulación.[8]
Sala de lo Constitucional declara sin lugar el recurso de reposición sobre el 1.5 por ciento
La sala de Constitucional de la CSJ declaró sin lugar el recurso de reposición presentado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) sobre el cobro del 1.5 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).[9]
El Presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa (CCIT), Miguel Mourra, lamentó la decisión de la Corte al considerar que este tipo de medidas desincentivan la inversión y generan mayor presión tributaria.[10]
En una línea similar, organizaciones del sector privado consideraron que este impuesto es confiscatorio, y además innecesario, ya que con el sistema de facturación electrónico se logra prevenir la subvaloración de los bienes y servicios, así como la sobrevaloración de los gastos. [11][12]
Dirección Ejecutiva de Ingresos ordena cierre de negocios en Roatán
La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) clausuró al menos 17 establecimientos en Roatán, argumentando que se había detectado el incumplimiento de la normativa tributaria vigente.[13]
Al respecto, la Cámara de Comercio de las Islas, la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), y el COHEP manifestaron su preocupación al conocer que funcionarios de la DEI se hicieron acompañar por agentes de la seguridad pública para proceder al cierre de negocios y al desalojo forzoso de clientes y turistas. Asimismo, hicieron énfasis en impacto negativo de dichas medidas en la actividad comercial del país.[14]
Delegación de la OEA prepara instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras
Una delegación integrada de la Organización de Estados Americanos (OEA) arribó al país para preparar la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y socializar esta propuesta con actores como Ciudadanía Activa (GDCA), la Coalición Contra la Impunidad (CCI),[1] el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Secretario de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y los partidos políticos.[2]
De acuerdo a un análisis del Wilson Center, las próximas decisiones de la OEA son de crucial importancia, ya que si se toman medidas para garantizar la independencia técnica y política de la Misión, la implementación de recomendaciones de reforma y el involucramiento de la sociedad civil, la MACCIH podría constituirse en un agente con la capacidad de promover los cambios necesarios en el país.[3]
Continúan las acciones por parte de los Grupos Indignados
Los grupos de indignados continuaron impulsando acciones para posicionar sus demandas, entre las que se incluye la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Miguel Briceño, coordinador de una de estas agrupaciones, participó en una protesta convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y fue detenido por agentes de la Policía Nacional.[4][5] Briceño cuestionó su detención y manifestó que no fue informado, de manera oportuna, sobre los cargos que se le imputaban.[6] Posteriormente, el Ministerio Público anunció que a Briceño se le habían dictado medidas sustitutivas por daños a terceros.[7]
Miembros de la Oposición Indignada (OI) se trasladaron a la ciudad de Washington, DC para reunirse con actores clave y lograr mayor apoyo para la CICIH. La delegación fue recibida por congresistas de EEUU, la Subsecretaría de Estado para Centroamérica y el Caribe, y el Secretario General de la OEA, entre otros. [8]
Como resultado de ese acercamiento, el congresista James McGovern presentó a la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense la carta enviada por la OI al Secretario General Almagro. El congresista coincidió con la demandas de la oposición en lo que concierne las facultades y características necesarias para garantizar el éxito de una comisión internacional en Honduras.[9]
Por otra parte, cabe destacar que grupos de indignados realizaron protestas durante las comparecencias del Presidente Juan Orlando Hernández, reportando casos de abusos por parte de agentes de la seguridad pública.[10][11]
Hondureños en la Lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados
Al ser designados como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (TNED) por el Departamento del Tesoro (DOT) y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, los empresarios Yankel y Yani Rosenthal comparecieron ante las autoridades de ese país por acusaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Paralelamente, el Ministerio Público (MP) de Honduras procedió a asegurar varios bienes de esta familia por medio de sus dependencias y la Policía Militar del Orden Publico (PMOP). [1][2]
Posteriormente, diversos medios reportaron que ambos habían sido librados del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, y que la Corte del Distrito Sur de Nueva York les estaría permitiendo defenderse en libertad tras alcanzar un acuerdo de colaboración. [3][4] Asimismo, la defensa de los Rosenthal en Honduras señalo irregularidades en el aseguramiento de tres residencias, lo cual resultó en la devolución de las mismas por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). [5]
Por otra parte, también se dio a conocer que la OFAC removió al empresario hondureño José «Chepe» Handal de la lista de TNEDs. al considerar que ya no calificaba para la “designación que le fue dada de acuerdo a la sección 805 del “Foreign Narcotics Kingpin Designation Act” 21 USC. Sección 1903 (b).”[6]
Honduras no califica para financiamiento de la Corporación del Desafío del Milenio
La Embajada de los Estados Unidos de América informó que Honduras no fue incluida en la lista de países elegibles para recibir fondos de la Corporación Desafío del Milenio (CDM), [1] ya que el país no logro el puntaje mínimo en el índice de control de la corrupción, el cual es necesario para que el país ser considerado por esa institución.
La Embajada también indicó que el desempeño de Honduras en las áreas de gobernanza justa, inversión en la gente e inversión en la libertad económica fue similar al del año pasado,[2][3] registrando una leve mejora en los indicadores de control de la corrupción y estado de derecho. Sin embargo, se observó un desempeño más débil en el índice calidad regulatoria.[4]
En el 2005, Honduras recibió un compacto del Milenio para ejecutar proyectos en las áreas de desarrollo rural y transporte por un período de cinco años. De acuerdo a un informe del Servicio de Investigación para el Congreso, el país no ha sido seleccionado para un segundo compacto, debido a preocupaciones sobre la situación de gobernabilidad.[5]
Corté Interamericana de Derechos Humanos falla en contra del Estado de Honduras por destitución de jueces
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia condenando al Estado de Honduras por los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.
En su sentencia, la Corte consideró que en el marco de los hechos suscitados a partir del 28 de junio de 2009, “se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas por conductas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.[6] Por esta razón, la corte ordenó al Estado acatar las siguientes medidas de reparación: “reincorporar a los jueces López Lone, Flores Lanza y Luis Chévez de la Rocha a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento. En caso que no fuera posible la reincorporación, [el Estado] deberá pagarles la cantidad establecida en la Sentencia.” Asimismo, Honduras tendrá que publicar la Sentencia y su resumen oficial, y pagar los montos señalados en la Sentencia por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costos y gastos.”[7]
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